T-075 de 2019

Se cuestiona un auto proferido por la autoridad judicial demandada a través del cual decidió ejercer control de legalidad oficioso sobre un proceso ejecutivo iniciado por el actor, decretando la nulidad de todo lo actuado tras advertir una serie de irregularidades dentro del trámite judicial, en tanto se expidió una orden de pago sin sujeción estricta a la sentencia base de recaudo proferida dentro del proceso ordinario laboral.

Argumentó el peticionario que el régimen de nulidades está taxativamente regulado en el artículo 33 del Código General del Proceso, por lo que dicho control oficioso desconoció esa norma vigente.

Así mismo alegó, que la interpretación del accionado respecto de la obligación a ejecutar así como de los elementos que la componen, fue ilegal y le implicó una desmejora injustificada de sus intereses.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales la Corte decidió declarar la IMPROCEDENCIA del amparo invocado, por cuanto no se cumplió con el presupuesto de subsidiariedad, en tanto no fueron agotados los medios de defensa ofrecidos dentro del proceso ejecutivo para solucionar el conflicto legal y de contenido económico que se suscitó, ni se puso de presente ninguna circunstancia concreta de vulnerabilidad del actor.