SU- de 2012

Habeas data.

Sentencia de Unificación.

Se acumulan expedientes por unidad de materia.

En el presente caso se dio una situación general en la cual todos los actores fueron condenados por incurrir en alguno de los delitos consagrados en el Código Penal y, de manera posterior, una autoridad judicial les declaró la extinción de sus condenas o la prescripción de la pena.

Con el fin de acceder a un empleo o de mantener vigente uno, los actores solicitaron al DAS el certificado de antecedentes judiciales y en todos los casos se expidió el documento con la siguiente leyenda: REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL.

Por considerar que dicha redacción permitía concluir la existencia de antecedentes penales, independientemente de si la pena estaba cumplida o prescrita, algunos accionantes elevaron petición formal al DAS solicitando de manera expresa la eliminación de dicha anotación, pero su requerimiento fue resuelto de forma adversa.

La entidad demandada adujo tener la obligación de mantener, actualizar y conservar los registros delictivos, con base en el canje interior y en los informes o avisos que rendían las autoridades judiciales sobre el estado de los procesos penales.

Igualmente argumentó, no tener la competencia para cancelar los antecedentes consignados en sus bases de datos, en tanto sólo ostentaba la calidad de depositario y no de dueño de los registros delictivos y por eso, para proceder a borrar o destruir antecedentes judiciales, debía mediar sentencia proferida por autoridad judicial competente.

Se aclara que, en sede de revisión, la Sala verificó cambios normativos relevantes relacionados con la autoridad encargada de administrar la base de datos sobre antecedentes judiciales y con la naturaleza y condiciones de circulación de dicha información personal.

La Corte se pronuncia sobre la siguiente temática: 1º.

Particularidades de los datos personales y de las bases de los datos personales de antecedentes penales. 2º.

Principios y reglas que debe seguir el administrador de este tipo específico de bases de datos, en especial los principios de finalidad, utilidad y circulación restringida. 3º.

Facultad específica del titular de la información personal de solicitar la supresión de la misma, como parte del objeto protegido por la dimensión subjetiva del habeas data y, 4º.

Carácter del habeas data como derecho autónomo y garantía de otros derechos fundamentales.

Se concluye que, la entidad encargada de administrar las bases de datos sobre antecedentes judiciales, vulneró y vulnera el derecho al habeas data de los demandantes, al permitir que terceros no autorizados conozcan la existencia de antecedentes penales asociados a su nombre.

Se destaca que, esta vulneración se presenta por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales contenida en las bases de datos y, en la renuencia de la entidad encargada de la administración de dicha base de datos, de suprimir de forma relativa dicha información a pesar de mediar una petición expresa de los demandantes, para que terceros, sin un interés previamente determinado, tuviesen conocimiento de la misma.

Se decide revocar y confirmar parcialmente algunas de las sentencias de instancia, se CONCEDE el amparo del derecho al habeas data y se previene al Ministerio de Defensa Nacional / Policia Nacional, a la Dirección Criminal, a la INTERPOL y demás autoridades de esa entidad, para que eviten que cualquier persona sin interés legítimo pueda conocer o inferir la existencia de antecedentes penales de aquellas personas que hayan cumplido la pena o que se encuentre prescrita.

Así mismo, exhortó al Procurador General, al Defensor del Pueblo y al Congreso, para promover un proyecto de ley estatutaria sobre administración de bases de datos personales relacionadas con antecedentes penales.