C-814 de 2009

Código de Procedimiento Civil, artículo 521, la norma regula la liquidación del crédito y de las costas, los apartes demandados son los siguientes “dentro de los diez días siguientes”, “de dicha liquidación se dará traslado al ejecutado por tres días”, el demandante considera que los apartes acusados violan el principio de igualdad ya que se le conceden 10 días al ejecutante para presentar la liquidación y sólo tres días al ejecutado para formular objeciones y acumular las pruebas que estime necesarias, sobre todo en el caso de créditos hipotecarios para adquisición de vivienda, ya que esta operación reviste de condiciones especiales debido a su alta complejidad.

La Corte entra a estudiar la acusación formulada y se decide, limitar el examen a cuando las mismas se refieren al término para liquidar o para objetar la liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo hipotecario, tratándose de obligaciones de pagar sumas de dinero originadas en créditos de largo plazo para adquisición de vivienda, concedidos por entidades financieras, luego pasa a pronunciarse sobre los límites a la libertad de configuración del legislador en materia de procedimientos, los términos procesales y el principio de celeridad, frente al derecho de contradicción y controversia, el alcance de la norma acusada y su interpretación sistemática, los casos especiales de liquidación de créditos que revisten cierta complejidad, se encuentra que el plazo dado en la norma aunque sea breve resulta suficiente para revisar un trabajo de liquidación previamente elaborado por la contraparte, dicho plazo no resulta irrazonable ya que, persigue un fin constitucionalmente válido, el cual es evitar dilaciones injustificadas en la administración de justicia, además el medio escogido para lograr el propósito es adecuado, conducente y necesario, debe entenderse que para el momento procesal en que debe presentarse y objetarse la liquidación del crédito, ya se ha proferido un mandamiento de pago en el que se ha señalado la suma adeudada, ya existe una sentencia en firme que decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo exigible, y también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación, así las obligaciones que restan para liquidar el crédito no son de tal complejidad que hagan imposible revisarlas en el plazo concedido en la norma, tanto para presentar la liquidación como para objetarla, además la operación de revisión de la liquidación, no reviste la misma complejidad que la liquidación propiamente dicha y por último, los derechos del deudor están garantizados, ya que el juez debe revisar la liquidación y aprobarla o improbarla mediante auto que es apelable, así las cosas no se encuentra que en este caso el legislador haya restringido irrazonable o desproporcionadamente los derechos de las partes, se decide declarar Exequibles los apartes acusados.