C-085 de 2018

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 76 de la Ley 1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias.

Señala el actor que la disposición acusada vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 229 Superior, así como el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 2, 8-1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecer un trámite notarial como barrera de acceso para acudir directamente ante el juez a fin de lograr la cancelación de garantías mobiliarias.

Concomitante con la inexequibilidad pedida, el actor solicitó extender los efectos de esa declaratoria a varios artículos del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, por decaimiento y pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo, cuyo fundamento de derecho es el artículo demandado.

La Corte se INHIBIÓ de emitir pronunciamiento de fondo, al encontrar que el cargo formulado es inepto por no contener argumentos ciertos, específicos, pertinentes y suficientes que habilitaran el juicio de constitucionalidad.

Lo anterior, porque la demanda se estructuró a partir de una lectura subjetiva de la norma y con base en argumentos de orden legal y de conveniencia.

También se INHIBIÓ de emitir pronunciamiento alguno frente al Decreto 1074 de 2015, por falta de competencia, toda vez que es una norma de naturaleza administrativa cuyo examen corresponde al Consejo de Estado.