T-910 de 2014

Seguridad social, mínimo vital, debido proceso.

Tutela contra providencia judicial.

Se acumulan expedientes por unidad de materia.

Se estudiaron cinco casos de personas que padecen enfermedades degenerativas, congénitas o crónicas, que fueron dictaminados con una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y, que después de solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, los Fondos Pensionales decidieron negarla porque ninguno cumplía con el requisito establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, esto es, acreditar al menos cincuenta semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

En dos asuntos los jueces de tutela negaron la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social, argumentando que a luz de la mencionada ley, los accionantes no cumplían con el requisito de densidad de semanas.

En los demás asuntos los jueces constitucionales declararon improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Por el contrario, la Sala consideró que en todos los casos procedía la acción de tutela como mecanismo transitorio, ya sea por la configuración de un perjuicio irremediable porque se trataba de personas en condiciones de debilidad manifiesta o, porque se comprobó que las fecha de estructuración establecida no correspondía al momento en que se perdió de forma definitiva y permanente la capacidad laboral y, por ende, se cumplía con los requisitos para acceder a la prestación social.

En todos los casos se declara la procedencia de la acción de tutela y en cuatro se concede el amparo solicitado.

En uno se niega, porque se verificó que la entidad judicial no violó directamente la Constitución, al no aplicar la norma más favorable para el trabajador, para efectos del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.