T-353 de 2012

Debido proceso.

Tutela contra providencia judicial.

En el presente caso el Instituto de Seguros Sociales interpone la acción de tutela en contra del Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá, argumentando que dicho Despacho incurrió en graves errores de interpretación al conceder en sede de tutela y de manera definitiva, el reconocimiento y pago de la pensión especial para magistrados de altas cortes, negando la posibilidad de que la justicia ordinaria, como juez natural del caso, decidiera sobre el derecho pensional reclamado.

La Sala reitera la jurisprudencia constitucional referente a las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y sobre la improcedencia de la acción de tutela contra fallos de tutela.

La Sala encuentra en el presente asunto que el juzgado accionado reconoció una pensión con base en un régimen pensional al cual la solicitante no se podía acoger, sin embargo, por haber sido resuelta la prestación a través de una acción de tutela anterior frente a la cual operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, se confirma la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de acción constitucional..

Pese a la anterior decisión, la Sala manifiesta que el caso concreto es una situación propicia para manifestar que se opone a, que con fundamento en los beneficios que otorga el régimen de transición se favorezca a personas que se acogen a regímenes pensiones diferentes a los que dicho régimen preservó para ellos, en lo que configura una aplicación irracional del principio de favorabilidad con consecuencias atroces para la sostenibilidad fiscal.

En tal sentido precisa que, para ser beneficiario del régimen establecido en el Decreto 1359 de 1993 se deben cumplir con los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, se debe hacer parte del denominado régimen de transición.

Por último, la Sala de Revisión considera procedente que, en el evento de que la Sala Plena de la Corporación acoja su posición, se revisen las pensiones que se hayan concedido con base en una aplicación errónea del régimen de transición y con respecto a las mismas, se pueda solicitar la revocatoria establecida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.