T-275 de 2008

Derecho a la vivienda digna y a la union familiar en conexidad con el minimo vital de madre cabeza de familia y sus hijos, quienes ocupaban a titulo de arrendamiento un inmueble adjudicado dentro del programa de vivienda de interes social del carmen de bolivar y que mediante proceso de restitucion de inmueble arrendado, fueron compelidos a su desalojo, ante la mora en el pago de los canones de arrendamiento presuntamente pactados.<br>solicita se ordene el reconocimiento de su posesion sobre el bien inmueble.<br>procedibilidad de la accion de tutela entre particulares.

La proteccion del derecho a la vivienda digna de la tutelante y de sus hijos.

Los efectos de la regulacion legislativa en la situacion individual y concreta de la tutelante y de sus hijos menores de edad.

Los menores de edad como sujetos de especial proteccion ante cualquier situacion de conflicto entre los derechos fundamentales.<br>el asunto bajo estudio trata sobre una madre cabeza de familia y sus hijos, quienes fueron forzados a desocupar una vivienda ante la pretension de restitucion de un propietario que nunca necesito la vivienda con la intencion de vivir o permanecer en ella.

Frente a lo anterior, cabe resaltar que la ausencia de regulacion de las situaciones en las cuales el adjudicatario de un inmueble destinado a programas de vivienda de interes social, no reside en el o decide arrendarlo, ha generado en este caso la situacion factica de la ocupacion de dicho inmueble por una familia de escasos recursos que posteriormente resulto afectada por los efectos concretos de una orden judicial de desalojo. <br>en este contexto, existe un claro desconocimiento de la proteccion minima que el estado debe asegurar a las personas menos favorecidas, por cuanto los inmuebles adquiridos con los correspondientes subsidios no estan siendo destinados a satisfacer necesidades de vivienda de los beneficiarios del subsidio.

Por el contrario, las viviendas adjudicadas se utilizan con fines lucrativos mediante contratos verbales que aseguran al adjudicatario una rentabilidad mensual y ponen en riesgo el derecho de las personas de escasos recursos de permanecer en dicha vivienda sin perturbacion alguna, cuando el adjudicatario decide arrendarsela a otras personas o enajenarlo.

Al respecto, proceden medidas de proteccion de carácter objetivo dentro de la accion de tutela, con la finalidad de prevenir la vulneracion sucesiva de los derechos fundamentales en similares circunstancias.

Cabe anotar igualmente que el juez de tutela no solo puede corregir la violacion del derecho fundamental en la situacion concreta, sino que, tambien, puede extender los alcances de la decision mas alla del caso concreto con el fin de prevenir que se repitan situaciones analogas en las cuales se amenacen o vulneren derechos fundamentales.<br>concedida.

Se ordena al instituto nacional de vivienda de interes social y reforma urbana en liquidacion que reconozca prioridad en la adjudicacion de una vivienda de interes social, una vez exista un inmueble disponible en el lugar mas conveniente, para la actora.<br>se insta al viceministerio de vivienda y desarrollo territorial para que promueva una nueva regulacion especial que asegure a las familias de escasos recursos, la estabilidad en el acceso a una vivienda digna, en los casos en que ha existido una ocupacion de inmuebles de interes social, mediante contratos celebrados con adjudicatarios que no destinan dichos inmuebles para residir en ellos.<br>se comunica al icbf para que realice una inspeccion de las condiciones en las cuales se encuentran los menores de edad representados por su madre, actora en el presente proceso.