SU- de 2021

Como antecedentes de este caso se tiene que una de las accionantes fue denunciada penalmente y que durante el trámite de este proceso se le impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva.

Esta medida se levantó y se precluyó el proceso por atipicidad de la conducta.

La implicada en dicha causa, su compañero permanente, sus hijos, sus padres y sus hermanos demandaron en acción de reparación directa a la Nación/Rama Judicial/Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados por mencionada detención preventiva.

En segunda instancia de este proceso, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación al título de imputación de la privación injusta de la libertad y estableció que la culpa exclusiva de la víctima, como causal de exoneración de la responsabilidad estatal, se predica de las conductas que dieron origen a la activación de la acción penal.

A partir de estas reglas unificadas, la Corporación accionada concluyó que el Estado se encontraba exonerado de toda responsabilidad, pues el obrar de la accionante desconoció el ordenamiento jurídico colombiano, al punto de ser sospechosa de trata de personas.

Este fallo es el que se cuestiona en sede de tutela y al que se le atribuye la vulneración del derecho al debido proceso, al incurrir en violación directa de la Constitución (por desconocer los principios de cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia); en defecto sustantivo (por una indebida interpretación del artículo 70 de la Ley 270 de 1996) y en desconocimiento del precedente judicial.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La Corte Constitucional encontró que la decisión judicial cuestionada incurrió en una violación directa de la Constitución y en un defecto sustantivo.

Se concluyó que, la conducta pre-procesal en materia penal no puede constituir culpa exclusiva de la víctima para eximir de responsabilidad patrimonial al Estado.

Se confirma la decisión de instancia que tuteló el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se deja en firme la sentencia de reemplazo proferida en cumplimiento del fallo de tutela que concedió el amparo.