SU- de 2023

Las entidades accionantes cuestionaron un fallo judicial que resolvió en segunda instancia una acción de grupo presentada por varias mujeres que estuvieron privadas de la libertad durante los años 2012 y 2013 en la cárcel de El Cunduy de Florencia (Caquetá), en condiciones de hacinamiento del 500%.

Las demandantes solicitaron el pago de 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) como medio de indemnización general por los perjuicios morales causados, al igual que otro pago por 80 SMLMV para cada una, como indemnización por los daños a sus derechos a la salud y a la vida en relación.

Como medio probatorio del hacinamiento aportaron el testimonio de dos familiares de una de las internas y una declaración rendida por el personero municipal.

La Corporación accionada encontró acreditados los daños a la dignidad e integridad causados por las condiciones inhumanas en las que estuvieron recluidas las internas y, por ello, declaró la responsabilidad Estado.

Ordenó, además, el reconocimiento de una indemnización no solo en favor de las once accionantes iniciales, sino para toda la población privada de la libertad en el referido establecimiento durante los años 2012 y 2013 y que sufrieron hacinamiento en dicho lugar, es decir, un total de 92 mujeres.

Se adujo que la sentencia censurada incurrió en los defectos fáctico, procedimental absoluto y sustantivo por desconocimiento del precedente.

Se verificó el cumplimiento de los presupuestos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analizó la siguiente temática: 1º.

El estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria. 2º.

La responsabilidad estatal por daños a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. 3º.

La relación de especial sujeción de las personas privadas de la libertad con el Estado y la carga de la prueba. 4º.

El respeto de la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. 5º.

La necesidad de implementar un enfoque de género en los problemas estructurales del sistema penitenciario y carcelario.

La Corte concluyó que el Consejo de Estado no cometió ninguno de los defectos endilgados y, por ello, decidió NEGAR el amparo invocado.

La Sala Plena recordó que la declaración de un Estado de Cosas Inconstitucional no puede ser utilizada por las entidades estatales para ignorar sus responsabilidades ante las personas que tienen bajo su cargo y control, ni constituye una causal eximente de su responsabilidad.

Consideró, por el contrario, que la precitada figura debe ser entendida como un llamado de atención urgente a las autoridades para prevenir futuras violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, y nunca como una excusa para evitar posibles imputaciones por la comisión de daños antijurídicos o para desconocer la responsabilidad patrimonial producto de estas graves violaciones.

Finalmente, la Corte precisó que esta decisión no desarrolla un régimen de responsabilidad objetiva para casos de hacinamiento carcelario en el país y que, por el contrario, le corresponderá a quien pretende el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado probar cada uno de los elementos exigidos por la Constitución y la ley para obtenerla.

Se requirió al Gobierno nacional y a las demás autoridades destinatarias de las órdenes contenidas en las sentencias T-388/13, T-762/15 y SU.122/22, para que den cumplimiento estricto e inmediato a dichas decisiones, expedidas con el fin de resolver, entre otras manifestaciones del Estado de Cosas Inconstitucional de la situación penitenciaria y carcelaria, el problema de hacinamiento en los sistemas penitenciarios, carcelarios y en los centros de detención transitoria.