T-342 de 2022

En este caso se ataca una decisión judicial proferida al interior de un proceso de reparación directa interpuesto por los actores en contra de la Fiscalía General de la Nación.

Los peticionarios fueron objeto de una medida de aseguramiento como consecuencia de las probanzas realizadas por el ente acusador, las cuales le permitieron deducir que estos pertenecían a los grupos guerrilleros de las FARC y del ELN.

Se aduce que dicho fallo vulneró derechos fundamentales al incurrir en una violación directa de la Constitución, un desconocimiento del precedente judicial un defecto fáctico por una defectuosa motivación probatoria.

Se reiteró jurisprudencia relativa a la configuración de los defectos alegados y se revisó temática referente a la relación entre la privación injusta de la libertad y la presunción de inocencia.

Así mismo, se estudió el contenido de la Sentencia T-045/21, frente a la aplicación del precedente establecido en la Sentencia SU.078/18 y, el estado de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto de la responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad.

Tras evidenciar que en el fallo censurado no se analizó el material probatorio aportado y decretado en el expediente de manera caprichosa, ni se trasgredió el precedente legal y constitucional, pues, por el contrario, este fue tenido en cuenta al momento de resolver el asunto y, porque la privación de la libertad, por sí sola, no se convierte en una transgresión directa de la Constitución, mucho menos, cuando quedo ampliamente comprobado que la actuación de la Fiscalía General de la Nación no fue ni ilegal, ni arbitraria y ni desproporcionada, se decidió confirmar las decisiones de instancia que DENEGARON el amparo invocado.