T-336 de 2020
Ponente Diana Constanza Fajardo Rivera
✓Demandante Gonzalez Tilaguy Edson Jhoaho·Demandado Seguros Mundial Sa Y Otro
Temas y subtemas del fallo
✓Lo que decide y analiza la sentencia, tal como lo indexó la relatoría de la Corte. Cada tema enlaza a todas las providencias que lo tratan.
- Orden a Aseguradora realizar examen de pérdida de capacidad laboral para reconocimiento de indemnización por incapacidad permanente por accidente de tránsito
- Normativa aplicable para su reconocimiento
- Orden a Aseguradora sufragar los honorarios fijados por la Junta Regional de Calificación de Invalidez competente
- Estos deben ser asumidos por la entidad de previsión, seguridad social o la sociedad administradora en la que se encuentra afiliado el solicitante
Reseña de la relatoría (lo que se alegó y se resolvió, en prosa)
El actor considera que la respuesta que le dio la Aseguradora accionada a su petición relacionada con el cubrimiento del costo de los honorarios de la Junta Regional de Calificación del Meta para la valoración de su pérdida de capacidad laboral, necesaria para reclamar posteriormente la indemnización por incapacidad permanente por accidente de tránsito previsto en el SOAT, vulnera sus derechos fundamentales.
La entidad no accedió a la pretensión y justificó su negativa en un concepto de la Superintendencia Financiera que indica que los honorarios de las juntas de calificación deben ser cancelados por quien solicita la evaluación.
Se aborda temática relacionada con la seguridad social como derecho fundamental, la regulación sobre el reconocimiento de la indemnización por incapacidad permanente como resultado de accidente de tránsito y, los honorarios de las juntas de calificación de invalidez.
La Corte concluye que, una compañía de Seguros vulnera el derecho a la seguridad social al omitir su deber de realizar, en primer lugar, el examen de pérdida de capacidad laboral a sus asegurados, cuando asume el riesgo de invalidez y muerte por accidente de tránsito, en virtud de un contrato de SOAT, tal como lo dispone el artículo 41 de la Ley 100, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012.
Asimismo considera, que dicha entidad debe sufragar los costos de los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en caso de que dicha decisión sea impugnada; así como los de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez si hubiere lugar a la apelación del dictamen; cuando esté demostrado que el asegurado carece de recursos económicos para asumirlos directamente.
Se CONCEDE el amparo invocado.
Qué decidió
Parte resolutiva (Resuelve)
✓Texto literal de la decisión, tal como consta en la sentencia. Complementa los pronunciamientos estructurados de arriba.
Ver la parte resolutiva (6 puntos)
- Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2019 por el Juzgado
- Tercero. Civil del Circuito de Villavicencio, en segunda instancia, y CONFIRMAR parcialmente la providencia emitida el 25 de octubre de 2019 por el Juzgado
- Séptimo. Civil Municipal de Villavicencio, en primera instancia, en tanto concedió el amparo al derecho fundamental a la seguridad social de Edson Jhoaho González Tilaguy.
- Segundo. ORDENAR a Seguros Mundial S.A. que dentro de los siete (7) días siguientes a la notificación de la presente providencia y, en caso de que no se le haya practicado, realice el examen de pérdida de capacidad laboral al señor Edson Jhoaho González Tilaguy, con la finalidad de que pueda tramitar su reclamación de indemnización por incapacidad permanente. En caso de que dicho dictamen sea impugnado, deberá asumir los honorarios del examen de pérdida de capacidad laboral que se adelantará ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y si esta decisión a su vez es apelada, también deberá asumir los honorarios de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
- Tercero. DEVOLVER al Juzgado de primera instancia el expediente digitalizado para darle el trámite respectivo. Una vez se retomen actividades normales, la Secretaría General de la Corte Constitucional deberá REMITIR el expediente físico.
- Cuarto. LIBRAR las comunicaciones -por Secretaría General de la Corte Constitucional-, y disponer las notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
La Sala que decidió
Distinguimos quién consta en la sentencia (firma, voto o aclaración) de quién probablemente integraba la Corte esa fecha. La diferencia se ve por color y por forma.
Cómo se conecta
Cada providencia es un nodo en la red de la jurisprudencia: cita a unas y es citada por otras. Sigue los hilos.
Los temas y subtemas indexados de esta providencia están arriba, en Temas y subtemas del fallo.