T-254 de 2015

Se aduce que las empresas accionadas vulneran derechos fundamentales del actor y de su grupo familiar, al no garantizarles el acceso de agua potable para su uso personal y doméstico en condiciones de suficiencia, salubridad y accesibilidad..

Las entidades demandadas se opusieron a las pretensiones de la acción de tutela, argumentando que la problemática planteada en ella se ha venido solucionando en el marco de las medidas adoptadas en un fallo de acción popular que estudió el asunto desde la óptica de los derechos colectivos.

Se recuerdan las reglas que determinan la procedibilidad formal de las tutelas que buscan la protección del derecho fundamental al agua, cuando su infracción o amenaza implica también la vulneración de un derecho colectivo.

Igualmente, se reitera jurisprudencia constitucional sobre el contenido del derecho fundamental a acceder a agua apta para el consumo humano.

Para la Corte, la acción de tutela resulta IMPROCEDENTE porque no satisface el requisito de subsidiariedad.

Esto, no porque ya existiera una decisión judicial previa, sino porque el accionante hubiera podido formular sus pretensiones en otro escenario judicial que resultaba idóneo y efectivo para el efecto, como lo era el trámite de verificación del cumplimiento del fallo de acción de popular proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare.