T-032 de 2016

Se ataca una decisión judicial que ordena, a título de restablecimiento del derecho por una declaratoria de insubsistencia sin motivación, el reintegro de un funcionario y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por más de nueve años, a pesar de que la entidad territorial demandada se encuentra en ejecución de un proceso de reestructuración de pasivos dispuesto por la Ley 550 de 1999.

Se atribuye a dicho fallo la vulneración al derecho al debido proceso, por ser contrario al precedente constitucional en la materia y por desconocer las disposiciones superiores en las que se derivaría la necesaria existencia de unos límites materiales en relación con la cuantía de la indemnización.

Se analiza temática relacionada con la viabilidad de la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales; el desconocimiento del precedente constitucional y la violación directa a la Constitución, como causales específicas de dicha procedibilidad y; el principio constitucional de prohibición de exceso.

Se PROTEGE el derecho fundamental al debido proceso, se deja sin efectos el fallo cuestionado y se ordena a la autoridad judicial accionadas proferir una nueva decisión que tenga como referentes los postulados definidos por la Sala de Revisión y la actual regla indemnizatoria dictada por la Corporación en la sentencia SU556/14.