T-019 de 2019

Los accionantes aducen que los particulares y autoridades públicas demandadas vulneran sus derechos fundamentales, con ocasión del despojo del que fueron objeto sobre las tierras que ellos reclaman como de su propiedad ancestral por haberlas ocupado por más de 60 años y, por los hostigamientos, amenazas e intervención de actores armados ilegales, sin que se haya adoptado ninguna medida de protección a su favor.

Pretenden que el juez constitucional imparta la orden de regreso a sus tierras y disponga su inscripción en calidad de desplazados dentro del Registro Único de Víctimas.

Se analizó temática relacionada con la procedencia excepcional de la acción de tutela para la garantía de los derechos fundamentales de la población desplazada, en especial para acceder al proceso de verificación de su condición de víctima.

Se confirman las decisiones de instancia que declararon la improcedencia de la acción de tutela frente a la pretensión dirigida a obtener la restitución o reintegro del predio reclamado por los actores.

Se tutela el derecho de los peticionarios y de sus familias a que la condición de víctimas del desplazamiento forzado sea objeto de definición por parte delas autoridades competentes, en relación con la pretensión vinculada a la obtención de su inclusión en el RUV.

En virtud de la anterior protección, se imparten varias órdenes tendientes a garantizar el cumplimiento de los derechos tutelados.