T-017 de 2013

En el presente asunto se alega vulneración de derechos fundamentales por parte de la E.P.S.

COOMEVA, al negarse a suministrar un medicamento a un paciente de 94 años de edad que padece demencia senil y otras patologías, bajo el argumento de no estar incluida en el Plan Obligatorio de Salud y no existir en la historia clínica del paciente evidencia de su utilización.

El accionante, quien actúa en representación de su progenitor, aduce que el no suministro del medicamento incide de manera grave en la salud de su padre, deteriora su calidad de vida y retrasa la atención que requiere para mejorar sus problemas de salud.

Igualmente indica, que él ha estado asumiendo el valor del medicamento para no dilatar la evolución médica de su padre, pero que el costo es muy elevado para continuar haciéndolo.

Para resolver el caso se reiteran las reglas constitucionales que determinan la autorización de medicamentos excluidos del POS a través de la acción de tutela, profundizando especialmente sobre el requisito relativo a la incapacidad real de sufragar el costo del medicamento o del tratamiento requerido.

Al comprobar que el modo de vida del solicitante no se ve afectado en ninguna medida por el hecho de sufragar con sus propios recursos económicos el valor del medicamento requerido, la Sala confirma la decisión de instancia que declaró IMPROCEDENTE el amparo constitucional incoado.

Se resalta lo reprobable que resulta utilizar la acción de tutela en aras de obtener el reconocimiento de una prestación excluida del POS que puede ser costeada íntegramente por el promotor del proceso.

Se indica que, utilizar esta vía excepcional para esos efectos, denota una auténtica trasgresión del deber de solidaridad que exige que los ciudadanos contribuyan en la medida de sus posibilidades al equilibrio financiero del sistema de salud y congestiona la administración de justicia en detrimento de quienes merecen, realmente, la protección eficaz y oportuna de sus derechos fundamentales.