SU- de 2019

El accionante y 300 personas más, trabajadores de varias empresas operadoras de contratos de concesión minera para la explotación de carbón en los municipios de Socha y Socatá (Boyacá), al igual que dos ciudadanos propietarios de predios en la primera entidad territorial mencionada, consideran que sus derechos fundamentales se encuentran amenazados a raíz de la publicación del proyecto de Resolución por medio de la cual se delimita el Páramo de Pisba y se adoptan otras determinaciones.

Con el boceto de dicho acto administrativo los peticionarios supusieron la inminente delimitación del referido ecosistema, al igual que las consecuencias adversas que se derivarían de la misma.

El Ministerio demandado informó a la Sala que el trámite administrativo al que hacen referencia los actores fue suspendido y que nunca se expidió la Resolución cuyo proyecto fue publicado y a su vez cuestionado.

La Defensoría del Pueblo, en su intervención en el presente proceso, advirtió que se estaba en presencia de un hecho superado, en razón a la existencia de un pronunciamiento por parte del juez popular que ordenó medidas que satisfacían las pretensiones de la presente solicitud de amparo, al haber ordenado la delimitación del páramo de Pisba garantizando el derecho a la participación ambiental de los actores sociales.

Teniendo en cuenta que la decisión del Consejo de Estado tiene fuertes implicaciones en el amparo invocado, generados a partir de los efectos de las órdenes impartidas por dicha Corporación, la Corte Constitucional advirtió, sin lugar a equívocos, que la pretensión subjetiva de los accionantes encontró respuesta en el fallo de la acción popular, lo que devino en una improcedencia de la acción constitucional, por existir una sustracción de materia por HECHO SUPERADO.