C-537 de 2010

Ley 1340 de 2009, artículo 24 (parcial) “Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”, la norma regula la doctrina probable y la legítima confianza, respecto a las decisiones tomadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, el aparte acusado es el siguiente “tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto constituyen doctrina probable”, los demandantes consideran vulneradas las siguientes normas de la Constitución, artículo 113, debido a que la Rama Ejecutiva no puede influir o tener alguna injerencia en las decisiones de la Rama Judicial, artículo 116, debido a que las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio no son de carácter privativo, ya que el Juez Civil puede conocer a prevención de dichos procesos, artículos 234 y 235, ya que la Superintendencia en sus funciones jurisdiccionales excepcionales, no puede crear doctrina, esto crearía inseguridad jurídica ya que tanto la Corte Suprema como la Superintendencia podrían crear doctrina probable, dando lugar a una doble posibilidad que crearía inseguridad jurídica, por último consideran vulnerado el artículo 13, debido a que dependiendo de la jurisdicción a la que acudan los demandantes recibirían una solución distinta.

La Corte pasa a estudiar las competencias delegadas a la Superintendencia de Industria y Comercio en la Ley 1340 de 2009, se estudian los antecedentes legislativos y la interpretación sistemática respecto de los cargos planteados por los demandantes con relación a la inconstitucionalidad de la norma acusada, se analiza si del aparte demandado se puede extender la competencia jurisdiccional a la competencia desleal y protección al consumidor de la Superintendencia, se hacen consideraciones en torno a la doctrina probable regulada en el artículo demandado, se concluye que la doctrina probable de la SIC solo es extensible a los casos relacionados con la regulación y vigilancia de la competencia desleal y la publicidad contraria a la libre competencia, además no existe prohibición constitucional para que a través de la Ley se pueda establecer la figura de la doctrina probable de carácter administrativo, por lo tanto se decide declarar el aparte acusado Exequible.