C-406 de 2022

Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 48 (parcial) de la Ley 2197 del 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones.

Según el demandante, la disposición cuestionada vulnera, por omisión legislativa relativa, los artículos 15 de la Carta Política, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, 4º, 5º y 6º de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.

La Corte analizó que, con la disposición cuestionada se facultó a la Policía Nacional para efectuar el manejo de datos personales en dos sentidos.

Primero, para acceder a la información consignada en circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada y, segundo, para usar los datos allí registrados, con el propósito de ejecutar acciones de prevención, identificación o judicialización.

La Sala Plena encontró además que, en los dos supuestos descritos la atribución conferida a la mencionada autoridad fue absoluta, es decir, sin estar sujeta a condición o requerimiento alguno.

A propósito de las acciones de prevención concedidas a la Policía Nacional consideró la Corporación, que resultan desproporcionadas debido a la indeterminación absoluta de la medida y a la falta de relación de proporcionalidad estricta con la profunda injerencia que deben soportar los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y al habeas data intervenidos con la misma.

Con base en lo anterior, declaró INEXEQUIBLE la expresión “prevención”.

En relación con las expresiones “identificación” o “judicialización”, la Corporación las encontró ajustadas al ordenamiento, en la medida en que se apliquen dentro del marco de una investigación de carácter penal, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, como lo dispone el ordenamiento jurídico y lo ha reiterado la Corte Constitucional.

Se declaró EXEQUIBLE CONDICIONADO el artículo 48 de la Ley 2197 de 2022, en el entendido de que los integrantes de la Policía Nacional que ejercen funciones de Policía Judicial, podrán acceder a los circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada para acciones de identificación o judicialización en el marco de una investigación de carácter penal, previa autorización de la autoridad judicial correspondiente, salvo en los actos urgentes, los casos de flagrancia y en otras actuaciones que no requieren autorización judicial previa para su realización.

Esto, acorde con la normativa procesal penal y los principios que rigen la protección de datos personales.