C-029 de 2022

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 (parcial) y 7 de la Ley 2024 de 2020, por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación.

Las demandantes consideran que las disposiciones acusadas vulneran la igualdad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la buena fe y el libre ejercicio de la actividad económica consagrados en los artículos 13, 14, 83 y 333 de la Constitución Política, respectivamente.

Frente al único cargo admitido, esto es, la violación del libre ejercicio de la actividad económica argumentaron las accionantes que la imposición de los plazos justos constituye una restricción irrazonable y desproporcionada a esta garantía, sin que medie un interés social, ambiental o cultural superior, dado que se limita la capacidad de negociación de las partes en un aspecto central como lo es el plazo para obligarse.

La Sala Plena de la Corporación consideró que los artículos cuestionados no desconocen la Carta Superior, toda vez que la medida de plazos justos que beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas con carácter imperativo en el pago de las obligaciones contractuales se encuentra amparada en el margen de configuración legislativa que en materia económica permite una restricción como la prevista en ellos, en tanto supera el juicio de proporcionalidad.

Con base en lo anterior los declaró EXEQUIBLES por el cargo analizado.