T-952 de 2008

Derecho a la seguridad social de ex trabajadora con una pérdida de la capacidad laboral inicialmente valorada en un 65%, que a la fecha ha sido fijada en 78.85%, a quien se le ha negado el reconocimiento de la pensión por invalidez debido a que no cumple con el número de semanas cotizadas exigidas en el decreto 232 de 1984. <br>procedencia excepcional de la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Reiteración jurisprudencial.la sala encontró, por un lado, que el medio de defensa judicial con el que la accionante cuenta no es suficientemente idóneo para la resolución de la controveria que se suscita.

Además, se acreditó la ocurrencia del segundo de los requisitos exigidos al respecto, es decir, la vulneración de su mínimo vital con la negativa de la entidad en reconocerle la prestación que constituiría su única fuente de ingresos. <br>fundamentos de la protección constitucional a las personas con discapacidad.la sala reiteró la necesidad de emplear medidas de diferenciación que garanticen la efectividad de los derechos de esta población. <br>estado de invalidez de origen no profesional.

Interpretación flexible del requisito de los periodos de cotización. <br>así, se reafirmó que es deber del estado otorgar a los sujetos con incapacidades tratos diferenciados y proteger de manera especial a quienes se encuentren en estado de debilidad manifiesta.

Precisamente, en este sentido ha sostenido la jurisprudencia constitucional que, para dar cumplimiento a esta exigencia, en situaciones límites es menester hacer una interpretación flexible de la normatividad en este sentido. <br>por ello, entratándose de enfermedades progresivas, se ha mantenido una línea firme que legitima la posibilidad de tener en cuenta las semanas que han sido cotizadas con posterioridad a la estructuración de la invalidez. <br>en el caso sub examine, la accionante padece una enfermedad progresiva (artritis rematoidea).

Prueba de ello es que la valoración inicial de la perdida de la capacidad fuera de 65% y la actualmente sea de 78.85%. <br>además, se probó que la accionante ha cotizado de manera ininterrumpida al sistema, y que antes de la estructuración de la enfermedad, había cotizado un número representativo de semanas. <br>en ese orden de ideas, se ordenó a la accionada reconocer a la accionante la respectiva pensión de invalidez por riesgo común. <br>concedida <br>