T-510 de 2020

Los accionantes, miembros del Resguardo Indígena Embera Chamí Unificado del Río San Juan, fueron condenados por la Asamblea General y el Consejo de Justicia Indígena de dicha colectividad, a treinta años de reclusión por el homicidio de una mujer Embera.

Las autoridades tradicionales resolvieron que los actores debían cumplir la pena en una cárcel del INPEC y, por ello, se encuentran recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de la Dorada (Caldas).

La acción de tutela se interpuso en contra de las autoridades tradicionales por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y petición, por las presuntas irregularidades en el proceso de investigación y juzgamiento y por la falta de respuesta a las solicitudes que presentaron acerca de la revisión de sus casos.

Se reitera jurisprudencia constitucional sobre el derecho al debido proceso como límite al ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena y se analiza el alcance de la presunción de veracidad.

Al encontrar que las autoridades tradicionales tuteladas vulneraron el derecho al debido proceso por cuando desconocieron el derecho de defensa de los accionantes y el principio de legalidad de los delitos y las penas, se CONCEDIO el amparo invocado.

Consecuentemente, se dejó sin efectos las actuaciones judiciales adelantadas por dichas autoridades y se les ordenó que trasladen a los peticionarios al Resguardo con el fin de que, de considerarlo necesario, adelanten nuevamente el proceso de investigación y juzgamiento en su contra y garanticen el debido proceso.

Esto, siempre que ellos no tengan vigente una orden de captura o medida privativa de la libertad ordenada por las autoridades ordinarias, en cuyo caso deberán garantizarles el derecho de defensa, en los términos señalados en la parte motiva de esta providencia.