T-367 de 2021

Se ataca la decisión judicial de segunda instancia proferida dentro del medio de reparación directa, iniciada por los actores en contra de la Policía Nacional por cuenta del fallecimiento de un familiar durante una requisa, mediante la cual se eximió de responsabilidad al Estado y se declaró probada la causan eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, como consecuencia de la reacción imprudente, violenta y sorpresiva de ésta al momento de realizarse el procedimiento de policía en que terminó lesionada.

Se aduce que dicho fallo vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia, al incurrir en los defectos i) fáctico, por valoración irrazonable de las pruebas y por falta de valoración de algunas referencias testimoniales; ii) sustantivo, por falta de aplicación de normas jurídicas relevantes en el caso concreto; iii) violación directa de la Constitución, porque desconoció el debido proceso al no motivar adecuadamente la condena en costas impuesta a los demandantes y no aplicar los artículos 280, 365 y 366 del Código General del Proceso, en armonía con lo dispuesto en los artículos 188 y 288 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.

Se reitera jurisprudencia relacionada con las condiciones generales y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y se analiza temática relacionada con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre los elementos de la responsabilidad del Estado y el título de imputación aplicable a resolver casos de reparación directa en los que está comprometido el uso de armas de dotación oficial.

Al encontrar que la providencia judicial cuestionada no incurrió en los defectos alegados, se decidió confirmar el fallo de instancia que NEGÓ el amparo invocado.