C-269 de 2022

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 de la Ley 1430 de 2010, por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad y el Decreto Ley 2245 de 2011 por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El demandante consideró que la primera disposición violaba la Constitución, en tanto que, en materia administrativa sancionatoria, según los principios democrático y de colaboración entre las Ramas del Poder Público, es el Congreso de la República de Colombia el órgano competente para tipificar las infracciones y establecer las consecuentes sanciones por medio de leyes o normas con fuerza material de ley.

A su juicio, entonces, no era posible facultar al presidente de la República para expedir el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la DIAN.

Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma habilitante, el demandante solicitó que también se declarara inexequible el Decreto Ley 2245 de 2011, expedido en ejercicio de las citadas facultades extraordinarias.

La Sala Plena concluyó que: (i) la facultad de expedir el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo aplicable no es exclusiva del Congreso de la República y, por lo tanto, también puede regularlo, previo otorgamiento de facultades extraordinarias, el Presidente de la República; (ii) la regulación del régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no cumple con las características de un código, por su especial naturaleza particular y concreta; (iii) dicho régimen puede ser expedido tanto por el legislador ordinario, como por el legislador extraordinario, y no hace parte de las temáticas que deban ser reguladas por medio de ley estatutaria; (iv) al no ser inconstitucional la norma habilitante, no hubo necesidad de analizar el cargo relativo al supuesto deber del Ejecutivo de objetar las facultades a él otorgadas ni al contenido del Decreto demandado; y, (v) no existe vulneración del artículo 29 de la Constitución, toda vez que, el precedente sobre la materia ha sido claro y pacífico al señalar que la citada delegación no lo afecta.

Con base en todo lo anterior, se declara la EXEQUIBILIDAD de las normas demandadas.