C-136 de 2009

Revision de constitucionalidad del decreto legislativo n° 4335 del 17 de noviembre de 2008 “por el cual se asignan funciones a los alcaldes y gobernadores en desarrollo del decreto n° 4333 de noviembre de 2008”. <br>en primer lugar, se hizo referencia a los parametros que la organizacion de las naciones unidas ha establecido como presupuestos para la expedición de estados de excepcion en garantia de los derechos humanos, así como una breve evolucion en la materia en el ambito internacional, que va a tono con la identificacion del individuo como el eje central de cualquier ordenamiento. <br>en este aparte igualmente se aludio a lo que el relator de las naciones unidas, en representacion de este organismo, ha exigido como presupuesto ineludible para la emision de un acto de esta entidad, es decir, la existencia de motivos fundados en la intencion de restablecer la normalidad y la guarda de los derechos humanos, con la suspensión del ejercicio de otros bienes juridicos fundamentales. <br>se hizo una exposicion de los principios que regulan los estado de excepcion, a saber: (i) el de legalidad, (ii) el de proclamación, (iii) de notificacion, (iv) el de temporalidad, (v)el de amenaza excepcional, (vi)el de proporcionalidad, (vii)el de no discriminacion, (viii) el de compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas de derecho internacional y (ix) el de intangibilidad de los derechos humanos fundamentales <br>seguidamente, se evocaron los articulo 212 y 213 superiores, los pertinentes de la ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepcion, algunos instrumentos internacionales y citas jurisprudenciales, de cuya consideracion se derivo la reafirmacion de que un acto tal como propio del estado social de derecho y por tanto, dependiente de los mandatos superiores. <br>asi las cosas, se determino, en seguimiento de la sentencia c-135 de 2009, que el articulo 1° del decreto impugnado se encontraba ajustado a la constitucion. <br>en segundo lugar, en vista de la falta de sustento de la determinacion tendente a la limitacion del derecho a la propiedad privada de los servidores publicos, que refuerza la inconstitucionalidad per se de una formulacion que ordene una privacion en ese sentido, se decidio la inexequibilidad del articulo 2 del derecho de la referencia. <br>exequibilidad del articulo 1°, e inexequibilidad del articulo 2° del decreto 4335 de 2008 <br>