C-107 de 2018

Demandas de inconstitucionalidad contra el parágrafo primero del artículo 116A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo primero de la Ley 1773 de 2016.

En dos demandas formuladas de manera independiente los actores consideran que la norma acusada quebranta mandatos superiores contenidos en los artículos 1, 13, 28, 29, 47 y 49 de la Constitución, así como principios rectores del Código Penal, en particular los de proporcionalidad, racionalidad y necesidad, además de las finalidades de las medidas de seguridad y el principio de culpabilidad.

Lo anterior, al establecer que el término de duración de la medida de seguridad que se imponga al inimputable que haya lesionado a otro con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares no puede ser inferior al término previsto para la pena en dicho artículo.

La Corte consideró que el Legislador, al expedir la disposición cuestionada desconoció límites constitucionales como la dignidad humana, la libertad, el debido proceso y el deber del Estado de garantizar a los inimputables el acceso efectivo a la atención y asistencia médica para su recuperación y rehabilitación social, toda vez que transformó las medidas de seguridad en un instrumento retributivo, al imponerles un término mínimo de duración, pues, estas no pueden durar más tiempo del estrictamente necesario para la curación del inimputable.

De igual manera encontró que la medida consagrada en el parágrafo acusado no era idónea, necesaria, ni proporcional para lograr el fin que buscó el legislador de “evitar la impunidad”.

INEXEQUIBLE.