T-439 de 2014

Debido proceso, defensa, acceso a la administración de justicia.

Tutela contra providencia judicial.

Consideran los demandantes que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, en virtud de anunciar el sentido del fallo absolutorio en el proceso penal seguido en contra de Mario Alejandro Aranguren Rincón y Luis Eduardo Daza Giraldo, procesados en su despacho por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública, en el cual tienen el carácter de víctimas.

A juicio de los accionantes, el juez incurrió en conductas lesivas de la ley al romper el principio de imparcialidad; asumir que cuando la Fiscalía pidió la absolución equivalía a un retiro de la acusación, no haber individualizado la situación de cada uno de los procesados, ni los delitos por los cuales fueron absueltos, como tampoco evaluar las pruebas recaudadas en el proceso y anticiparse a pronunciar un fallo absolutorio.

Se aborda la siguiente temática: 1º.

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º.

La existencia de otros mecanismos de defensa del derecho, salvo el perjuicio irremediable. 3º.

El derecho de las víctimas a impugnar decisiones en el proceso penal y, 4º.

La imparcialidad del funcionario judicial como componente del debido proceso.

La Sala concluye que la acción de tutela resulta IMPROCEDENTE en cuanto existen mecanismos que permiten controvertir la decisión judicial que se considera trasgresora de derechos fundamentales.

Así mismo, porque los recursos no han sido utilizados por las partes e inclusive, se encuentran en curso y, no se alegó ni mucho menos se demostró la configuración de un perjuicio irremediable.

Pese a lo anterior y, por evidenciar una posible falta disciplinaria por el juez accionado, se ordenó compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Sala Disciplinaria, con el fin de que establezca las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar.