T-420 de 2021

En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente las actoras, quienes fueron calificadas con una invalidez superior al 50%, alegaron que las sociedades del sector financiero y asegurador accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, ante la negativa de hacer efectivas las pólizas de seguro contratadas para garantizar el pago de los productos crediticios adquiridos.

En un caso la entidad argumentó que había acaecido la figura de la reticencia porque la tomadora del seguro omitió información relevante sobre su estado de salud al momento de suscribir el contrato.

En el otro asunto la accionada adujo que el dictamen de invalidez fue emitido por una institución del Fondo de Prestaciones del Magisterio y, por tal motivo, esa valoración debía ser validada o transcrita por entidades autorizadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Se aborda temática relacionada con el contrato de seguro y la importancia del principio de buena fe en el marco del vínculo jurídico.

En un caso se declaró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, al haberse acreditado, en sede de revisión, que la aseguradora aplicó la póliza contratada sin que mediara ninguna orden del juez de tutela en ese sentido.

En el otro expediente la Sala reiteró su jurisprudencia en materia de procedencia de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento de pólizas o seguros financieros y declaró que la solicitud de amparo impetrada resultaba IMPROCEDENTE.

En este expediente en particular consideró que la peticionaria se encontraba en condiciones para acudir a la vía ordinaria, no sólo por ser el mecanismo idóneo y efectivo para hacer su reclamación, sino porque su medios básicos de subsistencia estaban resguardados sin lugar a la ocurrencia de un perjuicio irremediable.