T-229 de 2022

En este caso, los accionantes cuestionaron los autos interlocutorios de rechazo de la demanda ejecutiva laboral y su confirmación, en tanto que, negaron la posibilidad de ejecutar la sentencia condenatoria del proceso especial de fuero sindical.

Sostienen que a pesar de reconocer la sucesión procesal prevista en el artículo 68 del Código General del Proceso en cabeza del municipio de Cartago Valle del Cauca, las autoridades concernidas aplicaron en forma restrictiva la norma especial del artículo 6 del Decreto Ley 254 de 2000, modificado por el artículo 6 de la Ley 1105 de 2006, por manera que, desconocieron la calidad de demandado del Ente territorial quien asumió las acreencias insolutas, incluido el pasivo contingente de origen laboral del extinto Instituto de Tránsito y Transporte de Cartago.

Verificado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, junto con la caracterización de los defectos sustantivo, procedimental absoluto y procedimental por exceso ritual manifiesto, se abordaron los temas de (i) cumplimiento de las decisiones judiciales como una faceta esencial de los derechos de debido proceso y de acceso a la administración de justicia y (ii) la liquidación de entidades públicas del orden territorial y los derechos asociados al fuero sindical.

Del análisis del caso concreto la Sala Primera de Revisión concluyó que los operadores judiciales accionados incurrieron en los defectos aludidos, al rechazar la demanda ejecutiva laboral contra el municipio de Cartago quien se encontraba habilitado para ocupar la posición de demandado en el juicio ejecutivo laboral, además, se omitió la prevalencia del derecho sustancial dada la conformación de un título base de recaudo de naturaleza compleja que permitía garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial.

Se revocaron las decisiones de instancia y en su lugar, se TUTELAN la garantía del debido proceso y de acceso a la administración de justicia en su faceta de tutela judicial efectiva.