T-005 de 2022

El actor pretende que se le reconozca como ex miembro colaborador de las FARC/EP y se le otorguen las medidas de protección para él y su grupo familiar.

Lo anterior, porque ha sido objeto de amenazas y persecución por los integrantes que no se desmovilizaron.

En particular, el peticionario procura el restablecimiento de las medidas de seguridad que le fueron retiradas por la Unidad Nacional de Protección.

A pesar de confirmar las decisiones de instancia que declararon la improcedencia de la acción de tutela, la Corte exhortó a la UNP para que, en aplicación del Decreto 1066 de 2015 y demás normas concordantes, evalúe el riesgo actual del accionante y adopte las medidas a que hubiere lugar, con base en las denuncias interpuestas por él con posterioridad a la valoración del riesgo que llevó a cabo en el 2018, así como en la información relacionada con las presuntas amenazas que habría sufrido.

Esto, siempre que sea procedente y dichas denuncias no hubiesen sido valoradas por la entidad en una oportunidad anterior.

Así mismo se ordena remitir a la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP las peticiones anteriores presentadas por el peticionario y otras personas ante dicha jurisdicción, para efectos de que fuera reconocido como ex miembro de las FARC/EP.

Esto, para que dicha Sala valore si, conforme al inciso octavo del artículo 63 de la Ley 1957 de 2019, es procedente adoptar decisión alguna al respecto.