SU- de 2022

Como antecedentes de este asunto se tiene que la accionante presentó demanda ordinaria laboral de menor cuantía en contra de Colpensiones, pretendiendo el reconocimiento de la pensión de vejez, por cumplir con los requisitos del Decreto 758 de 1990.

La anterior pretensión fue concedida en primera instancia y denegada en segunda.

La autoridad judicial accionada decidió no casar la sentencia por dos razones: Primero, de cara al cumplimiento de requisitos de la Ley 71 de 1988, señaló que existió simultaneidad de cotizaciones entre lo aportado en el ISS y el tiempo de servicio prestado a la Gobernación de Nariño y al Instituto Departamental de Salud del citado departamento, lo que sumó 22,71 semanas que no podían ser tenidas en cuenta doble vez.

Por lo anterior, consideró que no se acreditaban los 20 años de servicio exigidos por la norma.

Segundo, y frente a la aplicación del régimen del Decreto 758 de 1990 indicó que este no admite la acumulación de tiempos, como se había establecido en la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

El precitado fallo es el que se cuestiona en sede de tutela, por desconocer el precedente constitucional establecido en las Sentencias SU.769/14 y SU.057/18 que han reconocido la posibilidad de acumulación de tiempos laborados en el sector público o privado aportados a otros fondos pensionales y las semanas cotizadas al ISS.

Se verifica el cumplimiento de los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analiza la jurisprudencia constitucional relativa a la acumulación de semanas en el sector público cotizadas en diferentes Cajas de Previsión Social con tiempos cotizados en el ISS.

La Sala Plena consideró que se vulneraron los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante.

En concreto, precisó que se configuró un desconocimiento del precedente constitucional establecido en la Sentencia SU.769/14 y reiterado en múltiples decisiones, tanto de las diferentes Salas de Revisión como de la Sala Plena de la Corporación, lo cual implicó una afectación al derecho a la seguridad social al establecer requisitos para el acceso a la prestación, que la jurisprudencia constitucional ha prohibido de manera constante.

Se CONCEDE el amparo invocado, se deja sin efectos la sentencia censurada y se ordena a la autoridad judicial accionada proferir una nueva decisión en el proceso laboral mencionado, teniendo como fundamento el presente constitucional y la nueva línea de decisión adoptada por dicho Tribunal.