C-305 de 2022

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 (parcial) de la Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la ley de inversión social y se dictan otras disposiciones.

El actor señaló que la expresión “para que la factura del impuesto sobre la renta pierda fuerza ejecutoria, y en consecuencia no proceda recurso alguno, la declaración del contribuyente debe incluir, como mínimo, los valores reportados en el sistema de facturación electrónica”, desconoce el derecho a la defensa previsto por el artículo 29 de la Constitución Política.

Esto, por cuanto dicho contenido normativo obliga al contribuyente a declarar y pagar el tributo sobre un mínimo de los valores reportados en el sistema de facturación electrónica, sin poderlos controvertir.

La Sala Plena de la Corporación advirtió que el contenido normativo demandado admite, al menos, dos interpretaciones: una literal y otra sistemática.

Luego de aplicar el test intermedio de razonabilidad y proporcionalidad concluyó que, en términos generales, el contenido normativo demandado persigue finalidades constitucionalmente importantes y es efectivamente conducente para alcanzar esas finalidades.

Sin embargo, consideró que la interpretación literal de la expresión normativa sub examine es contraria al debido proceso, mientras que la interpretación sistemática es compatible con la Constitución.

Se declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la frase cuestionada, en el entendido de que, en todo caso, la factura del impuesto sobre la renta emitida por la DIAN pierde fuerza ejecutoria y, por tanto, no podrá ser utilizada como título ejecutivo para efectos del cobro coactivo, siempre que el contribuyente presente oportunamente su declaración privada con base en los valores que representen su realidad económica, incluyendo sus propios reportes al sistema de facturación electrónica, cuando estuviere obligado a ello.