C-120 de 2021

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1 del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario (CGD) se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

El demandante considera que la disposición acusada vulnera el artículo 257A, incorporado a la Constitución por el Acto Legislativo 02 de 2015.

Lo anterior, porque atribuye a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación la competencia para conocer y fallar las investigaciones que se adelanten contra los empleados judiciales de la entidad, y atribuye la segunda instancia al nominador o a quien este delegue, mientras que la norma constitucional establece que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, a la cual pertenece la Fiscalía General de la Nación, como lo establece el artículo 249 de la Constitución.

La solución al problema jurídico planteado requirió que la Corte hiciera la confrontación de la disposición acusada no sólo con el artículo 257ª Superior, sino con los artículos 116, 249 (inc.3) y 253 de la Constitución.

Estos últimos establecen la autonomía administrativa de la Fiscalía General de la Nación y autorizan al legislador para determinar el régimen disciplinario de sus funcionarios y empleados.

Sobre el particular precisó la Sala Plena que, en los juicios de constitucionalidad, la Corporación debe confrontar las disposiciones sometidas a control con los preceptos de la Constitución referidos a la materia regulada en las disposiciones demandadas, aunque no hubieren sido invocados en la demanda, en los términos del artículo 22 del Decreto 2067 de 1991.

Adicionalmente, realizó la integración normativa de la norma demandada, en parágrafo 1 del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019, con el parágrafo 1 del artículo 76 de la Ley 734 de 2019, cuyo contenido es prácticamente igual.

La Corte concluyó que el ejercicio del control disciplinario de los empleados judiciales de la Fiscalía General de la Nación corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y, en consecuencia, declaró INEXEQUIBLES el parágrafo 1 del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019 y el parágrafo 1 del artículo 76 de la Ley 734 de 2002, éste último con efectos a partir del 13 de enero de 2021, fecha en que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició su funcionamiento