T-475 de 2024

La vulneración de derechos fundamentales por parte de la entidad territorial accionada se atribuye a la decisión de bloquear al actor desde el usuario de la Gobernación en la red social X, a través de la cual hace públicas las decisiones administrativas que tienen que ver con la inversión y el gasto de los recursos públicos, obras contratadas, ejecución de metas en el plan de desarrollo y políticas públicas a implementar, entre otras.

El peticionario es un comunicador social que sigue cuentas oficiales y de servidores públicos con la finalidad de acceder a la información de interés general y particular, expresar sus opiniones y formular peticiones a dichas entidades y funcionarios del Estado.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela, se analizó la siguiente temática: 1º.

Las formas de expresión amparadas por el artículo 20 de la Constitución, incluyendo la prohibición de censura. 2ª.

Los límites a la libertad de expresión en redes sociales. 3º.

Los derechos al buen nombre y a la honra y, 4º.

El uso de las redes sociales por parte de las autoridades públicas.

Concluyó la Corte que, en el contexto normativo actual, bloquear a un usuario del debate público que tiene lugar en la cuenta de la red social X de una entidad territorial, creada como una vía de interacción multilateral, constituye un acto de censura proscrito por el artículo 20 de la Constitución, siempre que el bloqueo no persiga una finalidad legítima, como proteger los derechos de las personas y defender el debate transparente.

Se CONCEDIÓ el amparo invocado, se ordenó a la Gobernación del Cesar el desbloqueo del actor en la red social X y le advirtió que se abstenga de bloquear a los usuarios en dicha red, salvo que infrinjan las normas de la comunidad fijadas de forma previa, neutral y general.