T-471 de 2022

En este caso se ataca la decisión judicial que revocó el fallo de primera instancia, en el cual se había ordenado el reconocimiento y pago de una pensión de vejez en favor del accionante, dentro de un proceso ordinario laboral que instauró en contra de Colpensiones.

En el trámite de tutela el actor adujo encontrarse en una situación de alta vulnerabilidad por su estado de pobreza, al no poseer ingresos de ninguna clase.

Se alega que la precitada providencia incurrió en un defecto fáctico por valorar inadecuadamente el material probatorio allegado al proceso ordinario laboral y determinar que no era posible tener en cuenta en el estudio pensional las semanas cotizadas que le fueron liquidadas y pagadas al peticionario en el acto administrativo que le reconoció la indemnización sustitutiva.

Se reitera jurisprudencia relacionada con la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y se analizan los siguientes temas: 1º.

El defecto fáctico. 2º.

La incompatibilidad general de la pensión de vejez con la indemnización sustitutiva o devolución de saldos y sus excepciones; y 3º.

Los requisitos para acceder a la pensión de vejez con base en los Acuerdos 224 de 1966, 016 de 1983, 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993.

Luego de verificar que no existió una actuación irrazonable o desproporcionada de parte de la autoridad judicial accionada, la Corte determinó que no es posible acceder a lo pretendido y, por ello, NEGÓ el amparo invocado.