T-455 de 2022

En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente, los actores aducen que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales y, en consecuencia, le piden al juez constitucional que imparte la orden de revocatoria las resoluciones mediante las cuales se revocó el reconocimiento de las pensiones de vejez, por tratarse de un posible acto de fraude.

Consideran que la entidad no estaba habilitada jurídicamente para revocar dichos actos administrativos y que debió acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Argumentaron además que la entidad no es la autoridad encargada determinar cuándo se entiende que se ha cometido un fraude, máxime cuando ninguno de ellos ha recibido condena formal por parte de un juez penal.

Al verificar los requisitos de procedencia la Corte corroboró que, de un lado existe otro medio de defensa judicial para la protección de los derechos que los peticionarios estiman vulnerados y, de otro, que la acción no fue utilizada como mecanismo inmediato de protección en tanto los actores prolongaron la búsqueda del amparo, reiterando por más de dos años la misma petición ante Colpensiones con la pretensión de que se revocara unas resoluciones y, al día de hoy, su situación particular todavía les permite acudir a la Jurisdicción Ordinaria para reclamar la prestación que pretenden vía tutela.

Con base en lo anterior se DENEGÓ el amparo invocado.