T-180 de 2023

La actora aduce que la UARIV vulneró derechos fundamentales al proferir acto administrativo mediante el cual negó la inscripción de su hijo y de su núcleo familiar al Registro Único de Víctimas.

Según la peticionaria, la entidad no valoró en su complejidad las circunstancias fácticas que rodearon el hecho victimizante declarado, no tuvo en cuenta fuentes de contexto adicionales a las periodísticas y tampoco hizo una debida aplicación al principio de favorabilidad.

Al analizar los requisitos de procedencia de la acción de tutela, concluyó la Corte que no se acreditó el de inmediatez ni el de subsidiariedad.

El primero, por cuanto hubo un lapso de más de ocho años de inactividad entre la notificación de la resolución y el ejercicio de la solicitud de amparo.

El segundo, porque la accionante no controvirtió el acto administrativo que juzga contrario a sus intereses con los recursos dispuestos para el efecto, ni ejerció ningún medio de control para discutir el contenido de éste.

Por último, la Corporación advirtió que no concurrían circunstancias subjetivas u objetivas que permitieran flexibilizar el análisis de los precitados presupuestos, en tanto no se encontraron particulares circunstancias de vulnerabilidad de la actora o la existencia de un riesgo inminente que comprometiera sus prerrogativas constitucionales.

Se confirmaron las decisiones de instancia que declararon IMPROCEDENTE el amparo invocado.