T-428 de 2021

En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente los actores consideran que las entidades cuestionadas vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la igualdad, al no expedir una incapacidad médica durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio que debieron observar por sospecha de haber contraído Covid-19.

Los peticionarios refirieron que sus labores como recepcionista y guarda de seguridad, respectivamente, no les permitieron la realización de sus tareas de forma remota y subrayaron que dependen de los salarios devengados en las empresas en donde laboran y que la no cancelación de los catorce días de aislamiento preventivo obligatorio representó un grave perjuicio para ellos y sus núcleos familiares.

Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela, la Corte evidenció el incumplimiento del de subsidiariedad y no encontró acreditada además, en ninguno de los casos, la existencia o consumación de un perjuicio irremediable que exija medidas urgentes e impostergables, al punto de que el juez constitucional deba asumir la competencia del juez ordinario, máxime cuando ambos peticionarios fueron reintegrados a sus labores al día siguiente a la finalización del periodo de aislamiento continúan vinculados mediante contrato laboral con sus empleadores al momento de interposición de la solicitud de amparo.

Se confirman las decisiones de instancia que declararon IMPROCEDENTES las acciones de tutela deprecadas.