T-360 de 2020

El accionante, en su calidad de personero del municipio de Murindó (Antioquia), actúa en representación de las comunidades que residen tanto en el área urbana como rural de dicha localidad.

Pretende con la acción de tutela la protección de los derechos fundamentales de sus representados al agua potable, a la vida digna, a la salud, al mínimo vital, a la libre locomoción, a la seguridad alimentaria y al medio ambiente sano.

Solicita puntualmente que se ordene al juez constitucional que ordene a las entidades demandadas atender de manera integral la emergencia que dio lugar a la calamidad pública decretada en la precitada entidad territorial, adelantando las siguientes acciones: (i) ejecución inmediata de las actividades programadas dentro de los planes de acción aprobados por el CMGRD y el DEPARD; (ii) el suministro permanente y suficiente de agua potable; (iii) el suministro de alimentos y medicamentos; (iv) la atención médica integral; (v) la recuperación y rehabilitación del cauce del río Murindó y de la ciénaga La Legiada; (vi) la reactivación económica de las zonas afectadas y de la población damnificada; (vii) la restauración del impacto ambiental y ecológico; (viii) la implementación de planes de prevención; (ix) la determinación de causas y responsabilidades de las afectaciones; y (x) la remisión de informes semanales sobre los avances en materia de atención integral de la emergencia.

Con base en los elementos probatorios allegados a la Sala, se constató que las pretensiones formuladas por la parte actora se encuentran actualmente satisfechas, en especial, aquellas relacionadas con la atención inicial de la emergencia en los componentes de agua potable, alimentación, intervención del río Murindó, construcción de vías de acceso, rehabilitación de cultivos y recuperación del impacto ambiental, se declaró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.

No obstante lo anterior, se advierte a las accionadas que deben continuar trabajando de manera articulada para ejecutar en su totalidad el proyecto de traslado de la cabecera municipal de Murindó dentro de los plazos establecidos en el cronograma acordado para tal fin.

Ello, sin desatender su obligación de asegurarles a los habitantes de las comunidades indígenas representadas las garantías mínimas del derecho fundamental al agua siempre que lo requieran, mientras terminan de realizarse las obras de construcción del sistema de acueducto y alcantarillado en el lugar de reubicación del municipio.

Así mismo, se insta a la Defensoría del Pueblo (Regional Urabá) para que, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, supervise la satisfacción efectiva de las garantías mínimas del derecho fundamental al agua de los habitantes de las precitadas colectividades.