T-301 de 2024

La accionante, una mujer de 90 años que presenta múltiples quebrantos de salud alegó que la accionada vulneró sus derechos fundamentales al supeditar la entrega de los saldos de la cuenta de su hija fallecida, de quien dependía económicamente, al juicio de sucesión.

Luego del fallo de única instancia la entidad efectuó una nueva investigación en la que determinó que la actora era beneficiaria de la prestación reclamada y, en consecuencia, procedió a pagar el monto correspondiente a su favor.

Con base en lo anterior, la Corte determinó que se configuró el fenómeno de la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.

No obstante, la Sala analizó de fondo el asunto y encontró que previo a la anterior determinación la Administradora sí vulneró garantías constitucionales de la peticionaria, al imponerle un requisito no establecido en la ley para la solicitud de devolución de saldos.

Frente al particular se recordó que la precitada devolución es una prestación sustitutiva que tienen, incluso, los beneficiarios de un afiliado fallecido, a los cuales, en virtud de una dependencia económica, se les restituyen los valores ahorrados en la cuenta del causante.

Así mismo precisó, que existe un deber especial de protección por parte del Estado frente a las personas de la tercera edad, por lo cual, las autoridades y los particulares que ejecutan funciones administrativas deben propender porque sus derechos se garanticen en todo momento.

Se hizo un exhorto a la entidad para que, en lo sucesivo, se abstenga de imponer barreras administrativas mediante la exigencia de requisitos no contemplados en la ley, para que beneficiarios obtengan la devolución de saldos cotizados por los afiliados fallecidos en sus cuentas de ahorro individual.