C-493 de 1997

Demanda de inconstitucionalidad contra artículo 130 (parcial) de la ley 142 de 1994 de 1994, “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos y se dictan otras disposiciones”.

El actor señaló que la preceptiva acusada vulneró los art. 15, 58, 83 y 369 de la Constitución Política porque pretende vincular al pago de los servicios públicos a los propietarios de los inmuebles en los cuales se prestan, sin ser usuarios necesariamente de dichos servicios; la norma desconoce el régimen contractual que surge por parte de un contrato celebrado por las partes, por ende, si el propietario, no usuario, no celebra el contrato de servicio público o no suscribe sus modificaciones o adiciones, éste no debe ser responsable de las obligaciones que de dicho contrato se deriven.

La Corte señaló que el régimen jurídico de los servicios públicos posee reserva legal, bajo ese entendido, se estableció que la relación jurídica entre las empresas que prestan el servicio y el usuario no es solamente contractual, sino también estatutaria.

Así mismo, estableció que la expresión “usuarios” asume que el propietario es también usuario de los servicios públicos domiciliarios y que esa comprensión subyace al establecimiento de la solidaridad en las obligaciones surgidas con ocasión de un contrato que, por disposición de la propia ley, son partes la empresa prestadora y los usuarios.

Se declaró exequible el art. 130 (parcial) de la Ley 142 de 1994.