C-081 de 2023

Demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 5 del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Los actores alegaron que las disposiciones cuestionadas son incompatibles con los mandatos previstos en los artículos 1, 13, 15, 16, 28, 29, 93 y 243 de la Constitución y en los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De manera particular señalaron que la forma en que quedó establecida la medida policiva de traslado por protección es contraria a la Carta Superior, por cuanto el legislador omitió incluir en su redacción todos los lineamientos hechos en la Sentencia C-281/17, con lo cual desconoció el principio de la cosa juzgada constitucional.

Se declaró la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma censurada, bajo el entendido de que: (i) en el informe escrito exigido por el parágrafo 5º del artículo 155 de la Ley 1801 de 2016, además de señalar los nombres, datos de identificación de la persona objeto del traslado y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se materializa el mismo, se deberá incluir la causal invocada para el traslado y las razones por las cuales se considera que los hechos que dieron lugar a la medida caben dentro de la causal; y (ii) la persona sujeta al traslado podrá solicitar la cesación del procedimiento al superior jerárquico que haya recibido el informe.

Se dispone que la presente decisión tenga efectos retroactivos desde la fecha de promulgación de la Ley 2197 de 2022 y, en consecuencia, los dos condicionamientos referidos anteriormente, sean exigibles desde esa fecha.