T-290 de 2023

Con la presente sentencia se deciden dos casos en los cuales los accionantes alegan que sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la Universidad de Pamplona, cuando les impuso como sanción disciplinaria la cancelación de la matrícula académica, como resultado de procesos disciplinarios adelantados en su contra con ocasión de la participación que tuvieron en la jornada de protesta social desarrollada los días 21 y 22 de noviembre de 2019.

Los peticionarios consideran que la sanción disciplinaria impuesta vulneró sus derechos fundamentales y por eso solicitaron que a través de la acción de tutela se suspenda la misma y se les permita culminar la carga académica.

Se analiza temática relacionada con: 1º.

El contenido y alcance del derecho fundamental a la educación y los deberes correlativos de los estudiantes. 2º.

La autonomía universitaria y el derecho al debido proceso disciplinario estudiantil. 3º.

La distinción entre el derecho penal y el derecho disciplinario en materia estudiantil y, 4º.

Las garantías al derecho a la protesta en el ámbito universitario.

Se concluyó que (i) en un caso, las decisiones adoptadas en el proceso disciplinario tenían incongruencias, se fundamentaron en hechos no probados en el expediente y no había claridad sobre la sanción impuesta al estudiante y, (ii) en el otro asunto, la entidad universitaria no vulneró las garantías constitucionales alegadas, en tanto adelantó el proceso disciplinario con etapas definidas y garantizó el derecho a la defensa del actor, la sanción impuesta fue proporcional con los hechos y las faltas disciplinarias cometidas, al igual que con el análisis conjunto de los agravantes y atenuantes de la conducta, establecidos en el Reglamento Estudiantil de pregrado.

Con base en las anteriores conclusiones se concedió el amparo en el primer expediente y se negó en el segundo.