C-069 de 1994

Demandas de inconstitucionalidad contra los art. 1, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 y 37 de la Ley 40 de 1993, “[p]or la cual se adopta el Estatuto nacional contra el secuestro y se dictan otras disposiciones”.

Los actores señalaron que la norma demandada no tiene relación con el objeto del estatuto, abarcando distintos temas; así mismo, desconoció garantías procesales de los procesados y víctimas.

La Sala Plena señaló que (i) conforme a su jurisprudencia es necesario que exista la punibilidad del secuestro, el cual, como delito de lesa humanidad, bajo ningún pretexto puede ser exonerado de la proporcionada sanción penal; (ii) no existe vulneración a las garantías procesales de los procesados porque pueden solicitar los mecanismos de redención de las penas o la sustitución de la pena por encontrarse en estado de enfermedad crónica o grave; y (iii) la norma tiene como fin garantizar la protección del Estado a toda persona que ve conculcados sus derechos, y se encuentre en situación grave como es la que se deriva del delito atroz del secuestro, a fin de que ese deber esencial de protección pueda hacerse efectivo, no sólo en defensa de la víctima sino de la sociedad toda.

La Corte declaró estarse a lo resuelto en la Sentencia C-565/93 y C-542/93 respecto a los art. 1, 12, 18, 19, 25, 28, 29, 30 y 31; declaró exequible los art. 6, 10, 14, 17 (parcial), 32, 34 (parcial), 35 y 37 de la ley demanda; y declaró inexequible expresiones del art. 17 y 34.