T-531 de 2023

En este caso se cuestionan las decisiones judiciales adoptadas en el marco de un proceso de reparación directa instaurado por el actor en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional, a raíz del fallecimiento de su compañero permanente como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo abandonado en el lugar donde se encontraba con un amigo, quien resultó con múltiples heridas de gravedad.

Indica que los hechos ocurrieron en el lugar donde infantes de marina adscritos a la Armada Nacional de Colombia realizaban prácticas de entrenamiento con artefactos explosivos como el que acabó con la vida de su pareja.

De manera adicional alegaron que las autoridades accionadas resolvieron de forma distinta dos procesos que fueron instaurados por los mismos hechos y negaron las pretensiones incoadas argumentando que no se logró acreditar el nexo de causalidad entre el daño y la imputación.

Se aduce que dichos fallos incurrieron en violación directa de la Constitución y en los defectos fáctico, por indebida valoración probatoria, sustantivo por falta de motivación y procedimental por exceso ritual manifiesto.

Se revisa el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y se hace referencia a los defectos alegados.

Concluyó la Corte que el Tribunal cuestionado incurrió (i) en la causal específica de procedibilidad por desconocimiento del precedente judicial, al fallar de forma distinta casos idénticos, sin proveer razón suficiente y razonable para ello, y (ii) indebida valoración probatoria, en la medida en que no tuvo en cuenta el expediente del otro proceso iniciado por los mismos hechos, el cual fue allegado como parte del material probatorio y en el que se demostró que para la fecha y lugar de los hechos hubo presencia militar y que el artefacto explosivo que acabó con la vida del compañero de la peticionaria tuvo el propósito de afectar a la Fuerza Pública.

Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a la autoridad judicial proferir una nueva providencia en la que, con apego al principio de igualdad, valore todo el acervo probatorio obrante en el expediente, incluido el otro proceso de reparación directa mencionado.

Se advierte que, en caso de que decida separarse del precedente, debe motivar con suficiencia sus razones para ello.