T-256 de 2021

En este caso la vulneración de derechos fundamentales se atribuye a la decisión de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, al abstenerse de resolver un recurso de apelación interpuesto contra el fallo de segunda instancia proferido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en un proceso disciplinario, mediante el cual se revocó el fallo de primera instancia, se declaró probado y no desvirtuado el cargo formulado contra el accionante, se encontró responsable al disciplinado de la conducta investigada y se le impuso una sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres meses.

El proceso disciplinario en una queja por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato suscrito por la E.S.E.

Hospital Departamental San Antonio de Padua del municipio de La Plata, cuyo objeto consistía en que algunos empleados realizaran un viaje a Cancún (México).

La Corte concluyó que la acción de tutela es IMPROCEDENTE como mecanismo para proteger las garantías invocadas por el actor, por incumplir con el requisito de procedencia de subsidiariedad.

Lo anterior, por cuanto cuenta con otros medios judiciales de defensa, no se acreditó un perjuicio irremediable con las características de actualidad e inminencia exigidos para ello; la presunta vulneración del debido proceso, la inobservancia del respeto del acto propio y el desconocimiento del principio de la buena fe constituyen aspectos que pueden ser válidamente propuestos en las instancias judiciales pertinentes con el restablecimiento del derecho a que haya lugar; no se trata de un caso en el que la espera de la decisión puede ocasionar un perjuicio irremediable al accionante, pues nos encontramos ante un daño consumado; la acción de tutela se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del interesado para hacer uso oportuno del mismo.