C-433 de 2010

Ley 1328 de 2009, artículo 86 “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, se acumulan expedientes por unidad de materia el aparte acusado es el siguiente “Las entidades de carácter cooperativo o mutual, las entidades sin ánimo de lucro y las sociedades comerciales, con excepción de las empresas aseguradoras, podrán prestar directamente y en especie este tipo de servicios, independientemente de que las cuotas canceladas cubran o no el valor de los servicios recibidos, cualquiera sea la forma jurídica que se adopte en la que se contengas las obligaciones entre las partes.

PARÁGRAFO 3 Las empresas aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, en la explotación del ramo del seguro exequias o cualquiera otro con modalidad de cubrimiento para gastos funerarios, deberán indemnizar únicamente en dinero a favor del tomador o sus beneficiarios, previa comprobación por parte de estos del pago del monto del servicio funerario asegurado, suministrado directamente por entidades legalmente constituidas para prestar este tipo de servicios exequiales, salvo que el servicio funerario se preste con afectación a la Póliza de Seguro Obligatorio en Accidentes de Tránsito (SOAT)”, los demandantes consideran vulnerados loa artículos 1, 5, 5 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 42, 78, 136, 150, 158, 150, 189, 334, 335, y 336 constitucionales.

La Corte encuentra que los cargos formulados son similares a los estudiados en la sentencia C-432 de 2010, sinembargo se estudian dos cargos que no fueron formulados en la citada sentencia, el primer cargo es la vulneración por parte del legislador del artículo 150 constitucional, por cuanto desconoció el derecho supranacional andino, en cuanto a la Decisión 608 en materia de libre competencia, y el segundo cargo es la vulneración a los requisitos constitucionales aplicables a las leyes marco en materia de regulación de la actividad aseguradora, por cuanto entró a regularla de manera precisa y concreta desplazando de esta forma las competencias presidenciales y del Superintendente Financiero, se concluye que los cargos analizados no prosperan, se decide estarse a lo resuelto en la sentencia C-432de 10 y declarar Exequible el artículo demandado en cuanto a los nuevos cargos analizados.