C-031 de 2022

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal j) (parcial) del artículo 1° de la Ley 61 de 1993, por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar normas sobre armas, municiones y explosivos, y para reglamentar la vigilancia y seguridad privadas; al igual que contra los artículos 76 y 77 del Decreto-ley 356 de 1994, por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada-El demandante considera que las disposiciones acusadas vulneran los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 84, 113, 114, 121, 122, 132, 150 (numerales 1, 2 y 10) y 189 (numeral 11) de la Constitución.

La Corte concluyó que la demanda resultó inepta, al no ser clara, por cuanto pese a establecer un objetivo primordial cual era evaluar el uso de la facultad de habilitación del Legislador al Ejecutivo, el alcance de dicha evaluación no fue derivado de una norma constitucional.

Así mismo consideró que incumplió el requisito de certeza porque las normas demandadas versan sobre un tema que no está prohibido regular mediante decretos-leyes y que, por tanto, no resulta específica, toda vez que el cargo no se construye de manera íntegra estableciendo una razón clara de vulneración de la Constitución y sobre todo una norma constitucional transgredida.

También considero que no era pertinente ni suficiente, como quiera que la argumentación parece aludir bien a prohibiciones constitucionales que no existen, o bien a la prohibición de expedir códigos mediante decretos leyes, para lo cual no hubo desarrollo argumental alguno.

Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corporación se declaró INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo.