C-852 de 2009

Ley 1231 de 2008, artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 10 parciales, “Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones”.

El actor respecto del artículo primero en el cual se determina que todas las facturas configuran títulos valores, considera que se vulnera la autonomía negocial, ya que genera la obligación inexcusable de emitir títulos valores y acogerse a las consecuencias jurídicas de ello, el artículo segundo dispone la posibilidad que en la factura como título valor, se encuentra satisfecho el requisito de aceptación, en los términos del requisito general de aceptación exigido para que el aceptante se convierta en el principal obligado, el actor considera que se vulnera el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, en cuanto al artículo 3 se refiere a la posibilidad de que se asuma que la fecha de vencimiento de las facturas, para generar la obligación de pago, es de treinta días, siempre que en el documento no se contemple otra fecha, considera que se vulnera el principio de autonomía negocial y personalidad jurídica, el artículo cuarto regula que el plazo en el pago de la factura o el registro de pagos parciales puede hacerse en documentos distintos de la factura, considera que con esto se vulnera los principios de seguridad y defensa jurídica ya que todo lo que no esté consignado en el título no forma parte de éste, el artículo 7 dice que no tienen efecto las estipulaciones que quieran indicar que la factura como título valor no es negociable, el demandante considera que dicha limitación restringe la autonomía negocial de los comerciantes, en desarrollo del ejercicio de la libertad de empresa, además formula dos cargos adicionales referentes a que el obligado no puede oponerse al cumplimiento de lo contenido en la factura cuando no sea él sino alguien en sus dependencias, quien reciba las mercancías o el servicio, considera que se vulnera el principio de igualdad, en un sentido relativo a que las cargas impuestas por la ley deben ser proporcionales a los beneficios o perjuicios que generan y por último la obligación de las empresas de factoring de implementar medidas para verificar el origen de los título-facturas que adquiere, con el fin de detectar y evitar el flujo de capital para el lavado de activos y actividades terroristas, el demandante considera que debió imponerse también a los vendedores esta obligación, según el actor esto se configura en una omisión legislativa.

La Corte hace reiteración de jurisprudencia sobre los requisitos para configurar un cargo de inconstitucionalidad y se refiere a la ineptitud sustantiva de la demanda, resuelve declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos demandados.