C-137 de 2022

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo (parcial) del artículo 1° de la Ley 5ª de 1972, por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de Juntas Defensoras de animales.

Los accionantes consideran que la expresión “el párroco o su delegado” vulneran los principios de libertad de cultos, laicidad y neutralidad religiosa e igualdad, así como los derechos al libre desarrollo de la personalidad.

Teniendo en cuenta que el último cargo no acreditó los presupuestos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia se inadmitió y posteriormente se rechazó.

Según los actores, la frase cuestionada genera una diferencia de trato entre la iglesia católica y los demás credos, en tanto favorece una religión específica y excluye de representatividad a quienes profesan otras creencias.

Ello, porque dota de autoridad únicamente a los párrocos para participar en las Juntas Defensoras de Animales, con lo cual se discriminaba a otros credos religiosos.

La Sala Plena encontró configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal y absoluta en la medida en que la Corporación, en decisión previa, declaró inexequible la expresión acusada con fundamento en el desconocimiento de los artículos 1° y 19 de la Constitución.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la disposición demandada ya fue retirada del ordenamiento jurídico, consideró la Corte que no existe objeto para un nuevo pronunciamiento y, por ello, decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-088/22.