C-317 de 2010

Ley 495 de 1999 artículo 1, “Por medio de la cual se modifica el artículo 3, 4 (literal A y B) 8 y 9 de la Ley 70 de 1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre constitución voluntaria de patrimonio de familia”, el artículo hace referencia a los bienes sobre los cuales se puede constituir un patrimonio de familia, el aparte acusado es el siguiente “y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, el demandante considera vulnerados los artículos 5, 13, 42, 44, 51 y 93 de la Constitución, la Convención del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos Humanos, sostiene que el Estado clasifica el concepto de familia en dos clases, las que cuentan con un bien inmueble, con un valor económico menor a 250 SMLMV y las cuentan con un patrimonio igual o superior a este valor, desconociendo el concepto único de familia, sus derechos y deberes constitucionales, y la prohibición del Estado de otorgar privilegios a tipos específicos de familia, otro cargo formulado es que el Estado no puede limitar el concepto constitucional de vivienda digna al valor económico del inmueble, considera vulnerado el derecho a la igualdad ya que la norma discrimina y clasifica las familias por factores económicos.

La Corte entra a estudiar, la definición y el origen de la figura del patrimonio de familia, la regulación en el derecho comparado y en Colombia, las semejanzas y diferencias entre el patrimonio de familia y la afectación de vivienda familiar, y sí el artículo 1 de la Ley 495 de 1999, no es violatorio, en el aparte demandado, de la Constitución Política, confrontándolo con los cargos propuestos, no se encuentra que el aparte acusado, sea violatorio de los artículos 5 y 42 de la Carta Política, ya que en ellos se dispone una protección integral a la familia, como quiera que simplemente se reguló un aspecto de carácter patrimonial general y sin que ello signifique ningún menoscabo al derecho a adquirir una vivienda digna, se decide declarar la norma acusada Exequible.